El delito de Alberta y Teresa
Se llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es
su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91
mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar "el
daño" que supuestamente cometieron.
Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas ñañues (otomí) de la
comunidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro. Desde hace más de
tres años están en prisión. El 5 de agosto de 2006 fueron encarceladas, en
el Cereso de San José el Alto sin haber tenido contacto con abogados o
familiares. Están acusadas de secuestrar a seis agentes federales de
investigación (afis). Amnistía Internacional las declaró "presas de
conciencia".
Jacinta Francisco, también indígena, fue detenida por las mismas causas.
Defendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Prodh), obtuvo la libertad en septiembre de 2009, luego de que la
Procuraduría General de la República (PGR) dictó conclusiones no
acusatorias en el segundo proceso. A pesar de que los tres casos son
parecidos, ni Alberta ni Teresa han recuperado su libertad.
La historia del caso comienza el 26 de marzo de 2006. Ese día, un grupo de
afis llegó al tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco de
Bonfil, en Querétaro, sin uniformes y sin identificarse. Argumentaron
realizar un operativo contra la piratería y posible venta de narcóticos.
Investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban
La Güera, quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína.
Prepotentes, destrozaron mercancía.
Los vendedores, indignados, no se dejaron: los rodearon, exigieron que se
identificaran, que mostraran la orden que justificaba su proceder y que
pagaran los daños. Los afis tuvieron que aceptar. En prenda, dejaron a uno
de sus compañeros. El jefe a cargo, Cruz Bedolla, se comprometió a pagar
los daños ocasionados, que ascendían a 70 mil pesos.
Como represalia por la desobediencia social, el 3 de agosto de ese año,
Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. La PGR las acusó de incitar a
los tianguistas a secuestrar a los afis, privación ilegal de la libertad
en modalidad de secuestro, delitos contra servidores públicos y contra la
salud. Estaba en el aire lo sucedido ese mismo año en Atenco y en Oaxaca
con la APPO: una crisis profunda en el modelo de mando-obediencia.
Ese día Alberta fue al mercado a hacer compras y a visitar a su hermano
Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. “Llegué –contó a
Cimac– y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados
que se querían llevar sus mercan-cías, dijeron que eran afis y les pedimos
que se identificaran.”
El proceso legal que se les ha seguido a Alberta y Teresa es completamente
irregular. Nunca se les proporcionó defensa ni traductor. Tan es así que
la recomendación 47/2009 que realizó la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), emitida el 17 de julio de 2009, documenta "irregularidades
graves que pueden trascender el resultado del fallo definitivo del proceso
penal 48/2006".
La PGR no aceptó la recomendación de la CNDH argumentando que "los hechos
narrados por el quejoso son falsos". No hay en ello novedad alguna. De las
97 recomendaciones emitidas en 2009 por este organismo de derechos
humanos, 22 no fueron admitidas por las autoridades, y, de las restantes
75, sólo han sido atendidas 10.
El caso es paradigmático de las graves deficiencias del sistema de
justicia, que profundizan la discriminación, así como del uso faccioso del
sistema de justicia y de la criminalización de la oposición a los abusos
de la autoridad. También de la falta de "dientes" de la CNDH para que sus
recomendaciones sean cumplidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que intervendrá.
Su pronunciamiento definirá la situación de Alberta y Teresa. La Corte
debería actuar conforme a la razón, la justicia y los derechos humanos. No
se trata de que sea benevolente ni magnánima, pues ellas no cometieron
ningún delito: son víctimas de las fallas del sistema de justicia. Sobre
ello debería pronunciarse la SCJN y poner un alto.
Algunos actores políticos priístas, que tradicionalmente han ignorado la
defensa de los derechos humanos, se han acercado a Alberta y Teresa. Es el
caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del gobernador de Querétaro,
José Calzada. Buscan obtener provecho político de un asunto noble que su
partido ha ignorado usualmente. Ninguno ha dicho una sola palabra de cómo
este asunto es una forma de criminalización de la protesta social. Calzada
fue senador, tuvo conocimiento del caso y jamás se pronunció en favor de
Jacinta ni mucho menos de Teresa y Alberta.
Se ha anunciado la formación de una comisión legislativa que indagará
sobre las violaciones a los derechos humanos de Alberta y Teresa. Es una
buena señal, toda vez que se trata de un esfuerzo que se suma a la campaña
emprendida desde mucho tiempo atrás por la sociedad civil para lograr su
pronta excarcelación. Sin embargo, su conformación no tendrá efectos sobre
la situación de las indígenas. Se trata de una iniciativa de índole
política que puede ayudar a esclarecer situaciones irregulares en materia
de justicia, pero que no tiene facultades para fincar responsabilidades,
ni mucho menos para liberarlas.
El gobernador Calzada afirmó que éste era un caso sui generis. No es así.
En México hay muchas Jacintas, Teresas y Albertas. Como ha mostrado la
defensa del Prodh que ha asumido el caso, se trata de una cuestión de
justicia elemental para dos mujeres, indígenas y pobres, que han
sobrepuesto un proceso penal siendo inocentes en la cárcel, simplemente
por oponerse a la arbitrariedad del Estado.
Su liberación es una responsabilidad del Estado, no cuestión de
filantropía. Los actores políticos deben pronunciarse y hacer lo que les
corresponde de acuerdo con sus facultades, pero no exclusivamente respecto
de este caso, sino sobre el conjunto del sistema de justicia. Un sistema
podrido desde sus raíces.
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